Acerca del control “preventivo” de identidad.

Acerca del control “preventivo” de identidad.

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A propósito de la actual discusión parlamentaria en torno al proyecto de ley denominado “agenda corta anti-delincuencia”, y en particular sobre la necesidad de incorporar un  control “preventivo” de identidad, es preciso recordar que uno de los argumentos utilizados en la génesis y desarrollo de esta discusión, es aquel que señala que con las actuales facultades que el Código Procesal Penal entrega a las policías (en particular en lo referido al artículo 85 que regula el control de identidad) se ha generado una perniciosa situación a nivel judicial que ha decantado en que variados procedimientos policiales han sido considerados ilegales por los juzgados de garantía en las audiencias de control de detención.

Este es uno de los argumentos recurrentes por quienes propugnan una reforma en esta línea, y que puede apreciarse de la actual discusión parlamentaria (Boletín Nº 9885-07) así como también en proyectos anteriores que apuntaban a la misma finalidad (Boletín Nº 9036-07).

¿Es efectivo que el actuar policial se vea mermado por el control que efectúan los jueces de garantía? Para responder a esta pregunta, hay que recurrir directamente a los datos estadísticos disponibles, y para ello, tanto el Poder Judicial como Carabineros de Chile han entregado cifras que apuntan a construir una respuesta a esta interrogante, así como para ratificar o desmentir el argumento basal que ha sido sostenido a lo largo de la discusión parlamentaria.

Durante el año 2014, según la estadística proporcionada por Carabineros de Chile, en todo el país, dicha institución realizó un total de 1.853.244 controles de identidad, y en el año 2015, un total de 1.871.611, teniendo como sustento el tenor actual del artículo 85 del Código Procesal Penal. A su vez, según la información estadística del Poder Judicial en el año 2014 se realizaron 311.960 audiencias de control de la detención (instancia en la cual se discute si una detención se ha ajustado a Derecho o no).

¿Por qué es relevante vincular ambas cifras? La razón está dada por el hecho de que cada vez que un control de identidad decante en una hipótesis de delito flagrante y/o el controlado tenga una orden de detención pendiente, dicha situación en la mayoría de los casos deberá ser conocida por un juzgado de garantía dentro del plazo de 24 horas. Entonces, la audiencia de control de la detención es la instancia judicial donde se analizan y discuten los detalles vinculados a un control de identidad que haya culminado en una de las opciones que hemos mencionado y que ameritan su puesta a disposición de un tribunal. De lo contrario –en caso que el Fiscal del Ministerio Público haya decidido dejar en libertad al imputado– dicho control judicial no existirá, al menos asociado a este tipo de audiencias.

Si sólo considerásemos como universo total de casos los controles de identidad realizados por Carabineros de Chile, dejando a un lado aquellos realizados por la Policía de Investigaciones de Chile, sólo un porcentaje cercano al 17% de dichos controles de identidad es sometido a un control judicial inmediato, en la medida, tal como hemos señalado, que dicho control de identidad hubiese decantado en un delito flagrante y/o en la existencia de una orden judicial de detención pendiente.

Ahora bien, dentro de este porcentaje menor de casos sometidos a conocimiento de los tribunales, deberíamos encontrar el sustento que nutre el argumento y la necesidad que es reclamada por quienes justifican una reforma al artículo 85 del Código Procesal Penal, y que no es otro que afirma la existencia de variadas resoluciones judiciales declarando ilegales estos procedimientos.

¿Qué resultado nos proporciona la estadística judicial al respecto? De las 311.960 audiencias de control de detención realizadas durante el 2014 en todo el país, sólo 2.413 fueron declaradas ilegales, esto es, sólo el 0,77% de los casos conocidos por los tribunales fueron considerados no ajustados a Derecho. En otras palabras, el 99,3% de detenciones fueron consideradas legales.

Esto puede matizarse aun más, en el sentido de que no todas las detenciones tienen como antecedente un control de identidad, como sería el caso de una detención bajo hipótesis de flagrancia, caso en el cual la policía puede detener derechamente, sin necesidad de recurrir a las facultades del artículo 85 en comento. Y en segundo lugar, por el hecho de que los fundamentos que pueda tener un juez para declarar ilegal una detención pueden tener su fuente en vicios ajenos al actuar policial, como podría ser el caso de detenciones practicadas por civiles, o vicios acaecidos con posterioridad a la detención misma (retraso en la entrega del detenido ante el juez, no constatación de lesiones, etcétera).

Lo anterior, demuestra que las afirmaciones que se han esbozado en esta línea están completamente alejadas de la realidad. Las facultades policiales lejos han estado de verse mermadas y/o sometidas a un test crítico que haya generado una necesidad de reforma de la actual legislación, por el contrario, han encontrado en sede judicial un respaldo estadístico que está a un paso de ser el 100% de los casos.

Por ello, es importante recordar estos datos estadísticos que de manera tan potente nos entregara en su oportunidad el Presidente de la Corte Suprema, y que necesariamente deben constituir parte de los insumos que nuestros legisladores deben tener en cuenta a la hora de adoptar decisiones de reforma a la legislación procesal penal actual. No debemos olvidar que cuando hablamos de control de identidad, o bien, de un control preventivo de identidad, tal cómo se le ha llamado a propósito del proyecto de los diversos proyectos de ley que se han discutido, y que actualmente se discuten en el Congreso, estamos hablando técnicamente, en ambos casos, de una detención. Pretender sostener lo contrario es asirse de eufemismos para desviar la real naturaleza de la institución que se busca reformar. Más allá de las etiquetas bajo las cuales pretendan mostrarse este tipo de  reformas, que en lo general, responden a parámetros simbólicos de respuesta estatal, hay algo cierto a propósito del artículo 85 en comento, y es que en lo concreto no hay sustento empírico que las avale.

 

Rodrigo Ríos Álvarez

Profesor de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral

Universidad Finis Terrae

rrios@riospicand.cl

 

 

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